Sobre la situación de Derechos humanos en el Norte del Departamento del Cauca

Por: Sebastián

Al ver que a diario vecinos y amigos se desplazan del caserío, llegan extraños que simpatizan con los militares, y otros antiguos pobladores son amenazados, golpeados y señalados de ser guerrilleros, otros son asesinados, y padecer la restricción y destrucción de alimentos, ver el temor en los ojos de los niños que no pueden ir a la escuela porque el ejercito esta acampando allí, sentir la nostalgia de los mayores y prácticamente convivir con el ruido ensordecedor de aviones y helicópteros, y el traqueteo de las metralletas, recordaba y añoraba los tiempos en que se podía vivir en tranquilidad en estos territorios que hoy se han convertido en campos de batalla y destrucción.

Recordaba igualmente que alguien hace un tiempo creo que por allá en el año 2007, nos dijera que esa tranquilidad y armonía en medio de las dificultades económicas, en que nos encontrábamos en donde al menos podíamos transitar y habitar nuestras tierras sin ninguna restricción, pronto terminaría. Hoy recuerdo que se nos decía que todo se iba a complicar y nada volvería a ser como antes, porque se había incluido a la zona norte del departamento del Cauca, dentro de las Regiones y Municipios priorizados para la “recuperación social del territorio”, y que nuestra veredita hacia parte de esa zona.

Luego escuche a Juan Carlos Pinzón, Viceministro de Defensa colombiano, quien le dijo en una entrevista a la periodista Jineth Bedoya Lima que “En esta política de consolidación el tema central es cuánto territorio se controla y sobre todo, de qué manera se controla.”, y me comencé a preocupar, proyecté en mis pensamientos una nueva embestida estatal y para estatal de violencia y desarraigo que tendríamos que padecer a raíz de los intereses geoestratégicos y económicos del capital mundial, en nuestros territorios.

En estos días, donde la tranquilidad se ha acabado, profundicé en el tema y me enteré que la implementación de la Estrategia de Recuperación Social del Territorio (ERST), es un componente de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), y uno de los 4 ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para todos 2006-2010” se enfoca en teoría, al logro de tres objetivos: recuperación del monopolio de la fuerza, intervención social coordinada y concertación entre el Estado central y las comunidades locales.

Luego de leer esto me puse a divagar y concluí que cuando el Estado Colombiano nos habla de “recuperación del monopolio de la fuerza”, nos está señalando el copamiento militar y para militar violento de los territorios geoestratégicos y de extensa riqueza en recursos naturales y humanos y el consecuente re poblamiento de los territorios. Cuando nos habla de  “intervención social coordinada” nos señala el afianzamiento del modelo económico, más limosnas de los programas del gobierno o de reparación por los daños y la violencia estatal, la macabra utilización de civiles para obtener ventajas militares y la imposición de políticas y acciones que en nada nos benefician o no son coordinadas con los pobladores del territorio.

En la región suroccidental de Colombia se está desarrollando un plan económico militar, que ha convertido mi tierra y la de mis antepasados en un escenario para la imposición de los intereses del capital mundial y nacional a través de la puesta en marcha de mega proyectos energético minero extractivos, viales y  agroindustriales, en su mayoría incluidos en mega proyectos como el ARQUÍMEDES, el Plan Puebla Puerto Asís y los ejes andino y amazónico de la Iniciativa para la Interconexión Regional de América Latina (IIRSA), gran parte  contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario desarrollo para todos 2006 - 2010.

Y que como punta de lanza para allanar o arrasar territorios que luego van a ser incluidos en los grandes proyectos económicos de desarrollo sostenible “para las comunidades”, el Estado colombiano pone a actuar su engranaje represivo para lograr lo que han llamado el “reordenamiento territorial”; práctica que se ha desarrollado a través de la historia en la cual por la vía de la violencia, se le expropia al campesino e indígena sus tierras, se le desplaza y desarraiga de sus territorios y de sus formas de existencia, para luego realizar un re poblamiento afín a los intereses de los grandes capitales.

Recordaba igualmente, que la represión del gobierno colombiano, se desarrolla no solo en este territorio sino en toda Colombia y que aplica los postulados de la Doctrina de la Guerra Total y de la Doctrina de la Acción Integral.

Las fuerzas militares, de policía y Narco Paramilitares - hoy sofísticamente llamadas “bandas emergentes al servicio del narcotráfico” -, tal y como lo han señalado organizaciones de Derechos Humanos o se concluye en eventos populares de Derechos Humanos, se presenta  “con el incremento desmedido del pie de fuerza, continúa con el desarrollo de campañas y acciones sociales por parte de los militares, el acoso sexual y falsas promesas a niñas y jóvenes, la inserción de comuneros a las redes de informantes, la permisividad con la cadena productiva del narcotráfico, el ofrecimiento de proyectos productivos agroindustriales que buscan ganarse la confianza de algunos comuneros, y se combina con el desarrollo de acciones de Terrorismo de Estado en contra de las comunidades y sus organizaciones haciendo uso de la desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial (en ocasiones mal llamados falsos positivos), de la detención ilegal, de los ametrallamientos indiscriminados, ocupación de bienes protegidos (propiedad de civiles, escuelas, hogares de bienestar familiar y centros de cultos), de la perfidia, de las restricciones para la libre locomoción y al abastecimiento de alimentos, del desplazamiento forzado, del señalamiento  y la estigmatización, en busca de la pasividad del pueblo, del exterminio, de la resistencia y del desplazamiento forzado.

La ERST se ha enfocado en 11 regiones del país consideradas de urgente acción estatal, tres de ellas se encuentran en el suroccidente de Colombia (Buenaventura – Valle del Cauca y Tumaco – Nariño) y una en el departamento del Cauca en la zona Norte del Departamento que comprende los municipios de Caloto, Corinto, Puerto tejada, Jambaló y Toribio. Precisamente la zona en donde habito y en donde se pretende desarrollar la zona franca parque agroindustrial del norte.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se ha enfilado la política de Estado hacia la agudización de la guerra, como mecanismo para buscar la seguridad y la confianza inversionista, y ha comenzado el desarrollo de lo que el analista Alfredo Rangel considerara “el comienzo del fin del conflicto armado”. Será que los señores de la guerra y quienes los secundan tratando de confundirnos, tienen la razón, será que un conflicto social armado como el colombiano se termina con la mera expectativa de eliminación física del adversario, o que estamos llegando al fin del conflicto, yo creo que no, creo que las causas siguen intactas, y las soluciones a los conflictos se hacen a través del reconocimiento de las causas y de su solución a través del dialogo y la negociación.

Sin lugar a dudas la beligerancia y organización de nuestras comunidades ha logrado impedir que los efectos del Terrorismo de Estado sean mayores y ha logrado sacar a la luz pública las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos. La grave crisis humanitaria en el norte del departamento del Cauca, ha llevado a las organizaciones sociales a afianzar lazos de unidad política y de acción contra el terrorismo de estado y la política guerrerista del Régimen que encarna Álvaro Uribe Vélez y los intereses que representa, por ser el causante de la agudización de la crisis humanitaria que afronta nuestro pueblo.

Hoy hay un imperativo ineludible, por la vida y contra el desarraigo. Organización, unidad, resistencia y lucha.