Movimiento Bolivariano Suroccidente Colombiano

SOBRE EL DERECHO A LA  PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Por: Daniel Mariátegui. Movimiento Bolivariano. Región Suroccidente.  

“La Insurrección se anuncia con el espíritu de paz, se resiste contra el despotismo porque este destruye la paz, y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz”

Simón Bolívar

El derecho a la participación política es la facultad que tienen todas las personas de intervenir en la vida política de la nación, y de participar en la formación de la voluntad estatal y en la dirección de la política gubernamental; también para integrar los diversos organismos del Estado. Sin embargo, para lograr una efectiva participación política se requiere del respeto del conjunto de derechos fundamentales de la persona, entre ellos, la vida, la integridad y la libertad personal. Son los mínimos necesarios para evitar la reiterada práctica de las desapariciones forzadas, las amenazas, los hostigamientos y montajes judiciales contra los opositores políticos.

Colombia es la excepción a la regla de los argumentos de muchos juristas expertos en derecho internacional que aseguran que la experiencia ha demostrado que los gobiernos derivados de la voluntad del pueblo proporcionan una más sólida garantía de respeto a los derechos humanos, y de manera más particular del derecho fundamental a la participación política.

La experiencia colombiana muestra más bien que son los regímenes democráticos los que se han catapultado las violaciones de los derechos humanos, y esto se explica en parte porque la democracia en Colombia ha sido utilizada como un instrumento de dominación de clase, quedando aún muy lejos la posibilidad de que el pueblo sea quien determine su propio régimen político, económico social y cultural como lo expresan cartas constitucionales y conferencias mundiales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas.

La democracia representativa por cuanto más se consagra como una forma de, más se evidencian sus falencias como mecanismo que garantice la voluntad del pueblo, considerando la infinitud de variables propias de unas instituciones corruptibles y osificadas en un país donde la voluntad de elegir se ha convertido en un mercado de votos. Por tanto, si el derecho está consignado y ratificado sin los mecanismos pedagógicos y de empoderamiento del ciudadano, la llamada democracia representativa no será más que un festín de compra y venta de votos.

Qué difícil le ha sido entender a nuestro pueblo que el derecho a votar y ser elegido más que expresar un sistema de toma de decisiones, lo que señala es todo un modelo de comportamiento social y político fundamentado en principios como la dignidad, el pluralismo y la responsabilidad ciudadana. Y mientras las oligarquías sientan que este sistema les funciona para perpetuarse en el poder, harán todo lo posible por mantener al pueblo en la ignorancia política.

Es importante igualmente el respeto de una amplia gama de garantías y derechos que, de ser sistemáticamente vulnerados, no es posible ejercer la participación política. La libertad de asociación es el baluarte de la organización y el empoderamiento ciudadano. Nuestra preocupación queda a merced de que, mientras en los diálogos de paz en La Habana se han adelantado acuerdos importantísimos en materia de derechos humanos y participación política, por otro lado el gobierno mediante actos legislativos y programas de gobierno muestra que lo acordado no tiene cabida en los planes de la actual administración.

Así pues, la concesiones dadas a la policía en materia de seguridad con el nuevo código de policía y el silencio absoluto sobre las exigencias del desmonte del paramilitarismo, dejan mucho que decir en cuanto al respeto del derecho de libertad de asociación y el ejercicio de la participación política en un posible futuro signado por la firma de un acuerdo de paz.

Lo que necesitamos es claro: garantías reales de paz, pero no con falsos gestos de voluntad que buscan generar golpes de opinión, sino con hechos sólidos que respalden un acuerdo de paz y haga de la participación política desde la oposición una actividad abierta que no lleve al peligro de ser asesinado por ello.

En este recorrido por las telarañas del derecho a la participación política, no podemos pasar por alto una de las prácticas más aberrantes que puede estarse dando en el país cuya “democracia” es la más antigua de América Latina. La libre comunicación o intercambio de información e ideas sobre la política y asuntos públicos entre el pueblo también son aspectos indispensables para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la participación política. Desde esta perspectiva en Colombia las libertades de opinión, acceso a la información y libertad de expresión no sólo son las más vulneradas sino que también son las más polarizadas y tergiversadas.

Si el poder judicial, el ministerio público, los Tribunales y las Cortes desarrollaran sus funciones deshaciéndose de las mohosas estructuras de la corrupción, el clientelismo y el control preventivo-ideológico del que tanto se ha abusado, estaríamos asistiendo al momento histórico en que la confianza del pueblo hacia lo institucional nazca y respalde los acuerdos de paz, para hacerlos duraderos y con garantías para el ejercicio de la oposición política. 

En cambio, si no se desmonta definitivamente el paramilitarismo, si no se desarrolla una pedagogía para la paz, si no se blinda la legislación para la paz y se refrendan los acuerdos con una Asamblea Constituyente, difícilmente asistamos al día en que salir de la clandestinidad no sea firmar la pena de muerte. El gobierno Santos tiene una responsabilidad histórica: demostrar con hechos que la participación política legal en Colombia es posible para la oposición hoy en armas.

Hoy como siempre, estamos decididos a seguir apostándole a una paz con justicia social por el camino menos doloroso, el del diálogo y la solución política.  Estamos convencidos que es a través de un acuerdo de paz satisfactorio para las mayorías que la participación política abierta avanzará.